Más de 500 personas se manifestaron este sábado en Tarragona para defender un modelo sanitario 100% público. La concentración, convocada por el Grupo de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública de Tarragona, buscaba ser una herramienta más de presión contra la Instrucción 05/2015 del Servicio Catalán de Salud, donde se abrían las puertas, de par en par, a la utilización de hospitales y centros de salud públicos por parte de empresas sanitarias privadas para llevar a cabo su tarea con ánimo de lucro.

De hecho se llegaba a hablar incluso de los cánones que se cobrarían, el régimen de alquiler de los espacios o las posibles incompatibilidades del personal sanitario. Esta orden, aprobada por el anterior director del CatSalut, Josep Maria Padrosa (en ese momento bajo las órdenes del consejero Boi Ruiz, vinculado en gran parte de su vida laboral en la sanidad privada), entraba teóricamente en vigor el 1 de abril de 2015, pero fue finalmente derogada (los manifestantes dicen que sólo congelada) por el parlamento el 7 de mayo del mismo año.

Aunque la polémica instrucción, que venía a sobrecargar aún más los centros públicos, quedó paralizada, trabajadores sanitarios, activistas y ciudadanos protestaban este sábado por la posibilidad de que esta medida pueda llegar a ponerse en marcha algún día, y que el nuevo complejo hospitalario de Juan XXIII, previsto para el año 2021, acabe acogiendo actividad privada, sufragada con dinero de todos los contribuyentes. «Cuando se nos dice que hay una voluntad firme de hacer un nuevo hospital nos alegramos, pero falta saber si en este nuevo hospital se hará actividad privada. ¿Pondremos al servicio de la empresa privada una nueva infraestructura pagada con dinero público? », Se preguntaba Laia Estrada, portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona y miembro del Grupo de Trabajo. «Sólo faltaría que aprovecharan los edificios públicos para la sanidad privada. Acabarían teniendo tres listas de espera como en Santa Tecla. Una de la seguridad social, el otro de la Mutua y otra de gente pagando … », apuntaba indignado Agustín Aragonés, líder sindical de la CGT en Juan XXIII. Además, la portavoz de las CUP definía la apertura de los hospitales públicos al negocio de empresas privadas como «un paso perverso para terminar de desmantelar la sanidad. Las empresas privadas ni siquiera tendrán necesidad de infraestructuras, podrán utilizar todos los centros, incluso los que son 100% públicos. Esto favorece el interés en el ánimo de lucro ».

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