El Ministerio del Interior insiste en recortar el acceso de los presos a los servicios de salud

La Ley General de Sanidad de 1986 era clara al respecto: “La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”. Pero si esta anhelada equidad no existe siquiera entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas, no digamos en lo que respecta a la población reclusa.

Salvo en Cataluña y el País Vasco, los servicios sanitarios de las prisiones siguen dependiendo de Instituciones Penitenciarias, pese a que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 pedía la integración de estos en los servicios de salud de cada comunidad autónoma, “en el plazo de 18 meses” desde su entrada en vigor. El 28 de noviembre de 2004 se debería haber completado esta transferencia, pero han pasado 12 años y solo dos comunidades han cumplido con el ordenamiento.

“Realmente no saben exactamente si quieren o no transferir esta competencia”, asegura el secretario general del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria José Veiras Vicente. “Si el Ministerio del Interior tuviera voluntad de hacer la transferencia estaría hecha ya en todas las comunidades autónomas, aunque fuera por decreto. Es una cuestión de voluntad política, no tienen la voluntad de hacerlo y no lo han hecho”.

Y esto, como explica Veiras, tiene graves consecuencias para la población reclusa: “Ellos lo que dicen siempre es que van a garantizar un tratamiento equivalente, pero está claro que no es así. Estamos encajados en el Ministerio del Interior que no tiene la capacidad orgánica ni funcional para manejar una situación como la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones al resto de la población”.

Prisión provincial de Barcelona. (iStock)

Los encontronazos entre el profesional sanitario de prisiones y la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, de la que dependen, son frecuentes y se han acentuado en los últimos años.

“A consecuencia de la crisis económica se establecieron una serie de recortes”, explica Veiras a Responsabilidad Sociosanitaria. “Al depender de Interior, tuvimos recortes como en cualquier otro ministerio, a pesar de ser un área sanitaria. A la Dirección General la única forma que se le ocurrió para cuadrar el presupuesto fue disminuir muchísimo el gasto farmacéutico”.

En 2011, una orden circular obligó a los farmacéuticos de prisiones asustituir los medicamentos prescritos por otros de “diferente composición” y “diferente estructura química original”, pero de “similar mecanismo de acción”. En la práctica, como explica Veiras, “esto dejó fuera de la prescripción a cualquier medicamento que no querían financiar”.

Las medidas de ahorro funcionaron a la perfección: frente a los 37,8 millones de euros que gastó interior en la compra de medicinas en 2010, en 2014, último año del que se disponen datos, el gasto bajó a 23,7 millones. Cierto es que en ese periodo disminuyó también la población reclusa –de casi 74.000 personas en 2010 a 65.000–, pero esto no justificaría una disminución tan elevada del gasto si no fuera por la exclusión de ciertos medicamentos.

El Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, tuvieron que recurrir a la justica para que se retirara la medida. Antes de verano el Tribunal Supremo anuló parcialmente la circular de Interior, ya que está prohibido por ley que los farmacéuticos modifiquen las prescripciones. Sin embargo, la lucha entre Interior y los médicos de prisiones no ha terminado.

“Al ver suprimida esta circular se enfrentan a un aumento del gasto porque tienen que volver a la situación anterior, así que han redactado una nueva circular que en este caso directamente prohíbe la prescripción y establece unsistema de visados”, explica Veiras. Instituciones Penitenciarias exige pedir una autorización para dispensar los fármacos que prescriban los médicos y que no formen parte del listado de medicamentos que Interior financia. Si se deniega el visado, Prisiones sugiere al preso que se pague la medicina de su propio bolsillo.

“En estos casos siempre la administración tiene la presunción de legalidad y empezamos de cero”, asegura el sindicalista. “Hemos elaborado un recurso de alzada ante el ministro y el secretario de Estado y todavía no nos han contestado, pero es probable que tengamos que ir a un contencioso largo, que dure unos años”.

La restricción del acceso a los medicamentos ha sido fuertemente criticada por las asociaciones de pacientes. La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) ha recordado que alrededor de un 20 % de los presos en España padecen hepatitis C, de los cuales un 27 % está coinfectado por el VIH.

Tal y como ha advertido la coordinadora, esta situación se puede ahora agravar si se ponen “trabas” a los medicamentos necesarios para tratar las comorbilidades asociadas, con lo que la salud de estas personas se puede ver seriamente agravada. “Hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad”, ha señalado el presidente de Cesida, Juan Ramón Barrios. “El acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”.

Podríamos cometer el error –egoísta– de pensar que esto no tiene implicaciones para la salud del resto de la población.  Pero las tiene. “Tratar a la población conhepatitis C dentro de los centros penitenciarios sería un beneficio de salud pública tremendo porque es el sitio idóneo para hacer el tratamiento, porque pueden ser directamente observados y la disminución del impacto sobre la población general sería enorme”, asegura Veiras.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. (Ministerio del Interior)

Todos estos problemas se solucionarían si, como estaba previsto, las competencias de sanidad en prisiones se transfirieran a las Comunidades Autónomas.

En 2011, siendo lehendakari Patxi López, la sanidad de las prisiones vascas se transfirió por completo al Servicio de Salud de la comunidad. “No ha generado ningún tipo de problema, todo lo contrario”, explica Veiras. “Se han conformado centros de salud en cada uno de los centros penitenciarios, se les ha integrado a la red informática y funcionan como un centro de salud más dentro de la red. Incomprensiblemente, desde el 2011 hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada más”.

En el resto de España –exceptuando Cataluña y, parcialmente, Navarra, que al menos comparte la historia clínica de los presos– la situación sigue siendo de lo más kafkiana. “Al estar fuera de la red, no tenemos acceso a la historia clínica de los pacientes, ni el sistema tiene acceso a nuestras historias clínicas”, apunta Veiras. “Les derivamos a los hospitales públicos, se les realizan consultas y pruebas, pero nosotros no tenemos capacidad de acceder a esas pruebas porque carecemos de consexión al sistema informático. Y debemos pedir las consultas con el especialista por teléfono o fax”.

Todo el mundo es consciente de este problema. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, defendió, durante un curso de verano organizado en Melilla, la “necesaria” transferencia a las comunidades autónomas de las competencias de la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad. Asimismo, Galicia y Andalucía han firmado sendas proposiciones no de ley solicitando la transferencia. Todo, por el momento, agua de borrajas.

“En estos cuatro años que ha estado gobernando el PP no se ha dado ningún paso adelante, a pesar de que hay dos comunidades autónomas, una de ellas gobernada por ellos mismos, que les reclamaba la transferencia”, apunta Veiras.

Por el momento, como ocurre con la formación de Gobierno, solo queda esperar. Pero mientras hay más de 60.000 personas que no tienen acceso a la sanidad en igualdad de condiciones que el resto de residentes en España.