Fresenius, propietario de Quirón y “parásito” de la sanidad pública española

El Gobierno (PP/Cs) de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, adjudicó el pasado viernes a la empresa Quirónprevención –del grupo Quirónsalud– un contrato, por valor de casi 200.000 euros –IVA incluido–, para realizar labores de rastreo de casos de COVID-19 en la comunidad autónoma. Según la información publicada en el portal de Contratación de la Comunidad, el contrato fue licitado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico y consiste en la subcontratación de 22 rastreadores de COVID-19 –dos de ellos, coordinadores– durante tres meses para realizar encuestas telefónicas con el objetivo de recoger variables epidemiológicas –antecedentes, momento de inicio de los síntomas, exposiciones de riesgo…– de casos de COVID-19 en la Comunidad e identificar contactos durante el periodo en que se haya podido ser transmisor de la COVID-19.

Dos días antes de la adjudicación del contrato por parte del Gobierno de Ayuso –es decir el pasado miércoles–, Quirónprevención ofrecía –y no lo hacía a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ni de los servicios públicos de empleo autonómicos, sino a través del portal de la multinacional del empleo InfoJobs– empleo temporal en Madrid a auxiliares de Enfermería como rastreadores de COVID-19 y a médicos como coordinadores de rastreadores de la enfermedad.

¿Sabía Quirónsalud –que ya gestiona varios hospitales ‘públicos’ en la Comunidad de Madrid– que dos días después el Gobierno de Ayuso iba a adjudicar ese contrato y que ella iba a ser la empresa adjudicataria? Cabe sospechar que sí. En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico pasó varias semanas asegurando que contaba con los rastreadores de COVID-19 “necesarios”, la pasada semana se lanzó a la búsqueda de rastreadores voluntarios dispuestos a trabajar gratis y finalmente ha privatizado parte del servicio ante la “dificultad” de cubrir los puestos necesarios con rastreadores voluntarios dispuestos a trabajar gratis. Dos días antes de esa adjudicación, Quirónprevención se había lanzado a la búsqueda de rastreadores en InfoJobs. Cuando menos, sospechoso.

En 2016 compró cuatro de las empresas líderes en el ámbito de la prevención

Fruto de la fusión de IDCsalud y Quirón en 2014, Quirónsalud cuenta con más de 150 hospitales y otros centros de salud en el Estado español, donde lidera el negocio de la sanidad privada, muy especialmente en el ámbito de la prevención, donde el grupo en 2016 compró cuatro de las empresas líderes –Fraterprevención, MC Prevención, Premap y Unipresalud– y en 2017 las agrupó en Quirónprevención, la empresa a la que el Gobierno de Ayuso acaba de adjudicarle ese contrato. Pero ¿quién está detrás de la empresa Quirónprevención y del grupo Quirónsalud?

Detrás de Quirónsalud están la multinacional alemana de la sanidad privada Fresenius, propietaria del grupo, y el magnate asturiano Víctor Madera, fundador de IDCsalud y presidente de Quirónsalud. Vinculado primero a Esperanza Aguirre –se le considera el impulsor de la privatización de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Aguirre– y después a Mariano Rajoy –se le considera el ministro de Sanidad en la sombra del Gobierno de Rajoy–, Madera se puso al frente de Quirónsalud tras la fusión de IDCsalud y Quirón en 2014 y se mantuvo como presidente del grupo tras vender este a Fresenius por 5.760 millones de euros en 2016, una operación que además le reportó un paquete de acciones valorado en 400 millones de euros, lo que situó a Madera –de quien se llegó a decir que era “el amo de la sanidad privada en España”– como uno de los más ricos del Estado español, según la revista ‘Forbes’.

“Se esconde tras Quirónsalud y otras empresas, pero es un oligopolio”

Pero, con toda su trayectoria al servicio de la privatización sanitaria y toda su fortuna, Madera ya no es más que el brazo ejecutor de la multinacional alemana Fresenius en Quirónsalud. “Fresenius se esconde detrás de Quirónsalud y otras empresas, pero en realidad es un oligopolio; tanto, que si no hacemos algo, la sanidad pública española acabará en el DAX 30 [el ‘IBEX 35’ alemán]”, explica a LUH la responsable de Sanidad de Podemos, Amparo Botejara. “Sólo hay que ver lo que factura Fresenius y lo que facturan los demás”, añade, y asegura que la multinacional alemana “ha encontrado en España un chollo”. “Hasta sus directivos han hecho declaraciones públicas sobre lo bien que les viene nuestro sistema sanitario y lo contentos que están con él porque les permite obtener unos beneficios que en Alemania y otros países no consiguen obtener”, destaca. El consejero delegado de Fresenius, Stephan Sturm, llegó a decir en vísperas de las elecciones autonómicas del pasado año 2019 en la Comunidad de Madrid que confiaba en que el resultado de estas no tuviera “un efecto significativo” en su “negocio”. Por todo ello, Botejara califica a Fresenius de “parásito” –dicho de un organismo, que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo– de la sanidad pública en el Estado español. ¿Cómo se logra esto? “Siempre es el mismo truco, el que ha utilizado el PP: aumentas las listas de espera y aparecen ellos; se trata de aprovechar las crisis económicas para deteriorar la sanidad pública y asentar la sanidad privada con mucha más facilidad”, apunta la responsable de Sanidad de Podemos. “Y eso que está demostrado y publicado que a la Comunidad de Madrid le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público”, añade. Y es que “los beneficios multimillonarios de Fresenius no dejan de crecer año tras año y su negocio va aumentando mientras estamos distraídos con unas cosas y otras”.

Un informe publicado hace un año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que Fresenius –la propietaria de Quirónsalud– logró aumentar en 21,1 millones de euros sus beneficios en España entre los años 2007 y 2014 gracias a los pagos irregulares que la multinacional alemana propietaria de Quirónsalud ha reconocido haber hecho a directivos y médicos de la sanidad pública española para, entre otras cosas, obtener información privilegiada sobre concursos públicos e influir en la redacción de sus especificaciones técnicas. Fresenius cerró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos un acuerdo para evitar responsabilidades penales y civiles a cambio de aceptar medidas de control, colaborar en las investigaciones y pagar una multa de 208 millones de euros.